Protección de los derechos de los consumidores en materia de vivienda

La Comunidad protegerá los derechos de los consumidores en materia de vivienda mediante peritajes especializados y avalados por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM). El consejero de Economía y Hacienda, Percival Manglano, ha firmado la renovación del convenio de colaboración mediante el que ambas instituciones se comprometen a colaborar en los peritajes motivados por problemas de los consumidores. A través de dicho convenio, el colegio elaborará y actualizará anualmente una lista de colegiados, con la formación, experiencia y perfil profesional adecuados para el desempeño de labores periciales relativos al sector de la vivienda y la edificación. Estos procedimientos están motivados por denuncias de consumidores ocasionadas por defectos de construcción y otros tipos de desperfectos relacionados con el sector de la edificación. Gracias a este acuerdo, el Colegio de Arquitectos designará al técnico perito y visará sus conclusiones en el plazo de cinco días hábiles a la finalización del peritaje. El Colegio velará por el cumplimiento de los deberes profesionales de los colegiados en la ejecución del encargo y realizará una campaña de difusión dirigida a los colegiados. Por su parte, la Consejería de Economía y Hacienda facilitará todo el material divulgativo para su distribución entre los colegiados. Una Comisión de seguimiento constituida por ambas partes garantizará el seguimiento del desarrollo, la ejecución y la evaluación del Convenio. El perito técnico designado por el colegio deberá tener una antigüedad igual o superior a cinco años de ejercicio de la profesión, o en su defecto, acreditar una formación específica en el conocimiento de patologías de las edificaciones, o formación en arbitrajes, peritaciones judiciales y reclamaciones de daños. El convenio tiene validez hasta el 31 de diciembre de 2012, aunque podrá prorrogarse por períodos anuales si así lo acuerdan las partes. Durante 2011, las reclamaciones de consumidores en materia de vivienda representaron el 2,35% del total de las presentadas en la región y el 17% de los expedientes sancionadores resueltos. Las reclamaciones en este sector versan principalmente sobre defectos en la construcción, incumplimientos de contratos o facturación incorrecta.